Por Jhovanee Monge
Puerto Vallarta está dolida, enojada y profundamente indignada por la muerte de Clarisa Rodríguez. Y esa indignación es comprensible. Clarisa falleció a causa de un accidente automovilístico, como lamentablemente ocurren muchos todos los días. La gran diferencia en este caso no fue solo el hecho en sí, sino el actuar posterior de las autoridades: agentes de vialidad, policía municipal y, sobre todo, la Fiscalía del Estado, que no siguieron los lineamientos con la prontitud, claridad y comunicación oficial que un caso así exigía.
El silencio institucional y la falta de información clara detonaron algo más grande: la rabia social. Las manifestaciones fueron la vía para exigir respuestas, y hay que decirlo con honestidad: sin presión ciudadana, probablemente no habría existido una postura pública ni avances comunicados. Esa es la lectura que hoy hace gran parte de la ciudadanía.
Sin embargo, también es necesario detenernos a reflexionar en qué punto estamos ahora. Puerto Vallarta se ha visto colapsada por bloqueos persistentes que han impedido la movilidad, afectado a trabajadores, ciudadanos y turistas, y generado un impacto directo en la economía del destino. Llegamos incluso a escenarios preocupantes: alambres de púas para impedir el paso de vehículos, piedras, confrontaciones y alteración del orden público. Eso no construye justicia. No honra a Clarisa. No ayuda a su familia. Y tampoco fortalece una causa legítima.
Un punto que no puede ignorarse es que el esposo de Clarisa, junto con familiares y personas cercanas, quienes originalmente convocaron a la manifestación, ya se retiraron del movimiento tras aceptar en primera instancia la propuesta del gobierno municipal. Hoy, quienes mantienen los bloqueos son terceros ajenos a los afectados directos. Esto abre una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿seguimos ante una exigencia genuina de justicia o estamos frente a un escenario que comienza a parecer un ataque político?
Hoy el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, se reunió con la prensa junto con autoridades estatales para dar a conocer los avances del caso. En este diálogo se reconoció el dolor social, se reiteró el acompañamiento institucional a la familia y se informó sobre acciones concretas, como la beca estudiantil otorgada al hijo de Clarisa. También se aclaró la situación legal del presunto responsable, quien no se encuentra prófugo y fue citado formalmente a audiencia por un juez.
Desde mi visión, hay un punto que no debe diluirse entre el ruido: la Fiscalía del Estado tiene mucha más responsabilidad de la que hasta ahora se ha querido asumir públicamente. La investigación sigue abierta y debe esclarecer quiénes fallaron en el resguardo del presunto responsable y por qué no se actuó conforme a protocolo desde el primer momento. Ahí está el verdadero fondo del problema.
La justicia no se construye con violencia ni con caos permanente. Se construye con verdad, con procesos claros, con responsabilidades asumidas y con diálogo. Puerto Vallarta merece justicia para Clarisa, sí, pero también merece paz social, orden y una reflexión profunda sobre cómo canalizamos nuestra indignación sin perder el rumbo.
Abramos el debate, cuestionemos a las autoridades, exijamos resultados, pero no permitamos que el dolor legítimo sea utilizado, desvirtuado o llevado a extremos que terminen dañando a toda la ciudad. La memoria de Clarisa merece justicia, no confrontación sin sentido.
