CRISIS POLÍTICA E INSURGENCIA SOCIAL

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Javier Orozco Alvarado.
Doctor en Economía Internacional y  Desarrollo Económico. Ex rector del CUC. Vicepresidente de Estudios para el Desarrollo de la Costa Norte, Fundación Colosio, Jalisco.
Hace unos días tuve el honor de participar como Presidente del Tribunal, para evaluar la Tesis que presentó María de los Ángeles Huízar Sánchez,  para obtener su grado de doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, del CUAAD, en la Universidad de Guadalajara, sobre Los efectos económicos del Turismo en el Desarrollo Local de la Región de Bahía de Banderas 2000-2010.
Como académico e investigador, fue muy enriquecedor para un servidor, encontrar algunos datos importantes que dan cuenta de los impactos económicos, sociales, políticos y ambientales que ha tenido la actividad turística en esta región. Pero, sobre todo, me llamó la atención los datos empíricos que recabó la sustentante sobre  la percepción que tienen la sociedad y  los empresarios del ramo sobre la interacción que guardan éstos con las autoridades locales; sobre todo porque es ahí donde podríamos encontrar algunas de las causas de la actual crisis política y la insurgencia social que se está viviendo en nuestro país y en nuestro estado.
Por principio de cuentas, dicho estudio muestra cómo la falta de desarrollo de este sector en la región (Vallarta-Bahía de B.) podría estar vinculado con la escasa relación que mantienen las empresas locales con las autoridades municipales o con la Secretaría de Turismo, pues del total de las empresas encuestadas sólo un 35% manifestó mantener alguna relación con esos organismos para tener acceso a información, financiamiento o capacitación.
En general, la opinión del 47.1%  la  población local, según los datos de la encuesta, fue que la comunicación entre la sociedad y las autoridades de gobierno es mala; el 43.9% opinó que era regular y sólo el 9% dijo que era buena.
Otro dato relevante,  es que el 40% de los encuestados opinaron que el medio más efectivo para comunicarse con las autoridades locales es a través de la manifestación pública y, en segundo lugar,  el 38 %  opinaron que mediante la  entrevista personal.
Según la opinión del sector empresarial, el 30% considera que el medio de comunicación más efectivo para con sus autoridades es la entrevista personal y un 64% considera otros medios más efectivos, como son la denuncia pública, por medios de comunicación.
Ante esas realidades, no es difícil entender el por qué nuestro país ha estado atravesando por una turbulenta crisis política y social; no sólo por tantas movilizaciones sociales o  por tanta efervescencia políotica, sino por la pérdida de respeto del Estado de Derecho; pareciera que quienes gobiernan o se encargan de hacer las leyes no tuvieran ninguna representatividad social.
Tan complejo es el problema,  que pareciera que estamos en la antesala de una insurgencia social; pues es  una realidad que en Michoacán los grupos de autodefensa han mantenido en jaque al gobierno; que es un hecho que el DF se encuentra paralizado por los marchistas y los plantones; y que en Jalisco la oposición se ha montado al frente de cualquier movilización social con muestras de vandalismo  e intolerancia política.
En mi opinión, es necesario que los ciudadanos, los empresarios,  los gobiernos y los partidos políticos hagamos un alto; que revisemos seriamente cuándo y cómo es que se fracturó el pacto social en México.
Tenemos que voltear a la ciencia, a tratar de entender con bases científicas el comportamiento de nuestra compleja realidad; dejar de improvisar, de tomar decisiones autoritarias, impopulares, unilaterales o partidistas.  Es el momento de hacer estudios serios desde la perspectiva antropológica, sociológica o histórica para encontrar las verdaderas causas de esta crisis política y la insurgencia social  por la que estamos atravesando. Solo de esta manera podremos entender dónde están las verdaderas causas de la pérdida de legitimidad de quienes gobiernan, de quienes legislan o de quienes ejercen la justicia en nuestro país. Sólo eso nos puede conducir en el futuro inmediato a resolver o a enfrentar los riesgos de un indeseable estallido social.