La decadencia estructural en México

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Por Javier Orozco Alvarado
Hace tiempo que vengo insistiendo en la decadencia de las estructuras que conformas este país; empezando por las estructuras de gobierno, la estructura de los partidos políticos, la estructura ética y de valores y todo aquello que tiene que ver con nuestro tejido social. Es tal esta decadencia, que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, brindar asistencia sanitaria a los más necesitados, atender la creciente demanda educativa, operar eficientemente el sistema tributario, combatir el fenómeno de la corrupción y salir del estancamiento económico.
Y es que, sin distinción de partidos políticos, en el país se ha desatado una oleada de gobiernos corruptos en los que gobernadores del PRI, del PAN y del PRD están involucrados en actos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con dinero de procedencia ilícita, defraudación fiscal, delincuencia organizada y desaparición forzada.
Sin ir tan lejos, baste señalar el caso de Cesar Duarte, gobernador con licencia del PRI en Veracruz, quien actualmente tiene órdenes de aprehensión por desvío de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, vínculos con la delincuencia organizada y desaparición forzada. A estos escándalos se suman otra larga lista de exgobernadores priistas como Andrés Granier en Tabasco, Tomás Yarrington en Tamaulipas, Humberto Moreira en Coahuila, Arturo Montiel en el estado de México, Cesar Duarte en Chiuahua, entre otros, quienes han sido acusados por los mismos delitos y que, prácticamente, han resultado impunes.
Pero tampoco otros partidos como el PAN y el PRD quedan a salvo de esta descomposición, pues están también los casos recientes de los exgobernadores panistas Guillermo Padres en Sonora y Luis Armando Reynoso en Aguascalientes, acusados de peculado, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones.
Asuntos similares, pero más graves aun, involucran al exgobernador Ángel Aguirre del PRD, quien está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, quien, al igual que Javier Duarte, renunció para “no entorpecer las investigaciones” y sigue gozando de plena libertad.
Todo esto es totalmente inaudito, pero tiene que ver con nuestra complicidad como ciudadanos y con la complicidad de nuestra clase política, particularmente con las cámaras de diputados, que son quienes sancionan o absuelven estos delitos a cambio del silencio o la permuta de favores para proteger mutuamente a estos delincuentes de cuello blanco. Por eso es que, independientemente de los delitos cometidos e independientemente del partido político al que pertenezcan, estos delincuentes terminan siendo exculpados y, en no pocos casos, hasta recompensados con nuevos cargos.
Así pues, el cambio estructural y generacional en México está siendo fallido porque ha significado poner en los nuevos cargos a gente ineficiente, sin preparación, sin escrúpulos y sin valores. Por eso la enorme decadencia en los temas de seguridad, salud, educación, transparencia y estabilidad económica y política en el país está a la orden del día.
Es muestra de ello la ineficiencia de los gobiernos para garantizar la seguridad, aun hasta de las propias autoridades. Baste señalar la reciente emboscada a miembros del ejército en Sinaloa, el asesinato a quema ropa de un juez federal en el Estado de México, la muerte de uno de los escoltas del senador Arturo Zamora en Guadalajara, etc., etcétera.
Agreguemos a ello la crisis del sistema educativo a causa de la insensibilidad política y la nula experiencia en temas educativos o experiencia docente del actual secretario de educación pública. O que decir de la indolencia de la Secretaria de Salud para cubrir los pagos al sistema hospitalario municipal de los afiliados al Seguro Popular, que vino a reemplazar al IMSS y ahora obliga al derecho habiente a cubrir el pago de consulta médica y medicinas.
Es verdad que no todos somos corruptos, ni somos indolentes ni deshumanizados, pero hemos sido cómplices de los partidos políticos que han llevado al poder no a sus mejores hombres sino a los más sumisos, los más serviles y los más corruptos.
Esperemos que los nuevos líderes de los partidos del PRI, Enrique Ocho, del PAN, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales del PRD, sean congruentes con sus discursos mediáticos y colaboren para expulsar y llevar ante la justicia a sus respectivos representantes acusados por delitos contra el pueblo de México. Pero sobre todo, que no terminen siendo discursos y acciones pre electoreras para preservar el poder, porque un sexenio más, “con más de los mismo” sería una verdadera tragedia nacional.